No es fácil, el problema es estructural, socio-económico, no consiste únicamente en distribuir alimentos, pero con voluntad de todos se puede solucionar.
Con mucha expectativa el actual gobierno anunció por medio del señor Presidente en su toma de posesión, el combate a la desnutrición como Programa Prioritario para los próximos cuatro años.
Lamentablemente la crisis del coronavirus ha invisibilizado una vez más la tragedia de la desnutrición infantil en este país, que sigue matando injustamente sin necesidad a gran cantidad de mujeres por embarazos y partos mal atendidos, y a niños por enfermedades infectocontagiosas asociadas a malnutrición. Esta mortandad no es por la pandemia del coronavirus, es por la triste realidad de un país con problemas estructurales socioeconómicos que aún no hemos querido resolver.
El Congreso de la República aprobó dos préstamos millonarios para afrontar la pandemia actual, fondos de emergencias para equipamiento, para pruebas de coronavirus, para apoyo alimentario por la crisis, para prevención del COVID-19 y para adultos mayores. Hay dinero también para otorgamiento de créditos para pequeña y mediana empresa, pero para los 114 municipios priorizados donde los niños mueren como consecuencia del hambre no hay dinero y del Presupuesto General de Gastos de la Nación es mínimo lo adjudicado y a la fecha no se ejecuta.
Es comprensible y responsable atender la urgencia del virus que afecta al mundo entero, pero Guatemala no debe dejar por ninguna razón la atención prioritaria de embarazadas y niños menores de dos años, ya que estos menores al llegar desnutridos a esa edad habrán atrofiado para siempre sus cerebros, y jamás, así de simple, jamás podrán tener un desarrollo humano con las capacidades intelectuales que con toda dignidad merecen y tristemente continuarán en el círculo de pobreza y subdesarrollo socioeconómico en donde se encuentran.
El problema es estructural, hoy no hay fuentes de trabajo, por lo que es necesario priorizar el desarrollo y la inversión en el área rural del país donde las necesidades son múltiples, como construir y equipar más de 3 mil puestos y centros de salud faltantes, hacer el diagnóstico de la infraestructura escolar que no existe desde el 2004 para luego atender estas urgentes prioridades, invertir en agua y saneamiento, carreteras, vías de acceso, y principalmente no olvidar el recurso humano en salud y educación que son vitales para el desarrollo de una sociedad.
El compromiso es de toda Guatemala, pero la mayor responsabilidad recae en las instancias del Estado como Gobierno, Congreso de la República, entidades autónomas y semiautónomas; mientras que instituciones no gubernamentales e internacionales, la iniciativa privada y la sociedad civil pueden apoyar con recursos técnicos, económicos y operativos para combatir y salir de una buena vez de este flagelo de la desnutrición. No es fácil, el problema es estructural, socioeconómico, no consiste únicamente en distribuir alimentos, pero con voluntad de todos se puede solucionar.
Por Ana Zepeda
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