El caso la línea, un caso de corrupción de alto impacto para el país e incluso a nivel mundial. Todo empezó un 16 de Abril de 2015, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG - destapó junto al Ministerio Público – MP -, la red de defraudación aduanera que supuestamente lideraban Pérez Molina y la ex vicepresidente guatemalteca, Roxana Baldetti. A estas personas se les señalaba de estar involucrados, junto a un grupo de importadores, en acciones de contrabando y de evadir el pago real de impuestos, junto a una red de tramitadores aduaneros.
El MP y la CICIG acusaron a 62 personas de estar involucradas en estos actos ilícitos y sustentaban las acusaciones con más de 66 mil sesiones de interceptación telefónica y más de 6 mil comunicaciones electrónicas. Este caso fue el primero destapado por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad – FECI –.
Nueve días después de las declaraciones de las autoridades acerca de este caso, varios sectores de la población organizaron una manifestación para exigir la renuncia del binomio presidencial y continuaron por aproximadamente un mes pero cada vez con menor fuerza.
La vicepresidenta Baldetti, renunció en Mayo de 2015 y fue detenida en Agosto del mismo año, mientras que Otto Pérez dejó la presidencia en Septiembre tras perder su inmunidad, ambos fueron señalados por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Fue nombrado por el Congreso de la República el entonces vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, como nuevo jefe de Estado.
El lunes 5 de octubre de 2015, Juan Carlos Monzón se entregó a las autoridades y confesó ser miembro de la estructura aunque no el líder de la misma, pues en el gobierno del Partido Patriota, nada se hacía sin la autorización de Molina o Baldetti; agregó también que estaba dispuesto a colaborar pero temía por su vida y la de su familia, por lo que pidió protección por parte de las autoridades.
OTRAS CAPTURAS:
Ese mismo año, luego de 24 allanamientos por parte de la Policía Nacional Civil – PNC -, fiscales del MP y de la CICIG, se logró la captura de 20 personas, entre ellas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT -, empresarios y tramitadores.
Según Iván Velásquez, jefe de la desaparecida CICIG, esta banda criminal era investigada desde el 2014 cuando obtuvieron indicios sobre un grupo de importadores que facilitaban los medios para que pagaran menos impuesto, esta facilidad se otorgaba por medio de un contacto telefónico, conocido como “La línea”, el cual se les daba a los importadores. Esta banda operaba principalmente en las aduanas ubicadas en el Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.
Otra de las capturas importantes fue la del jefe de la SAT, Omar Franco, junto a otras diecinueve personas, el 16 de abril de 2015.
El pasado 11 de Agosto el MP informó que Kyun Rang Hong, Zhonglan Huang y Zhixiang Chen pagaron los impuestos defraudados más multas e intereses y con ellos el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, les dio dos años de prueba y la obligación de asistir a cursos de educación tributaria que imparte la SAT.
Un día después, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad – FECI -, del Ministerio Público, presentó en conferencia de prensa detalles de una investigación por una nueva modalidad de defraudación de la estructura “La Línea”. Los hechos ocurrieron en 2014 e involucra a personas que todavía trabajaban en la SAT, pero fueron detenidas, entre ellos se encuentra Lorena Damaris Tunches Mejía, Mynor René Cotón Guzmán y Juan Francisco Rodríguez Jacobo. Así como los exfuncionarios de la SAT, Javier Ayala Ayála, Edgar Augusto Marroquín Herrera y Edwin Humberto Ruano Martínez, quien está privado de libertad por un caso de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Las investigaciones lograron establecer que estas personas de Mayo a Noviembre de 2014, lograron defraudar al estado por 8 millones 565 mil 312.31 quetzales.
En esta nueva modalidad de defraudación también intervinieron consolidadores prestadores del servicio de transporte internacional de mercancías y otros que permiten el ingreso de las mismas a territorio nacional, según lo indicó el fiscal Juan Francisco Sandoval.
Agregó también que se logró establecer la existencia de tres sistemas empresariales que fueron utilizados para transportar carga hacia Guatemala desde Panamá o Miami. Cada una de estas empresas estaban supervisadas por personas vinculadas a la estructura de “la línea”.
El juzgado de mayor riesgo B, emitió sentencia condenatoria en la vía del proceso abreviado por el delito de cohecho activo, a Hugo Jo Hu, María Olimpia Oliva Vivar, Fang Meiyu, Augusto René Castillo López y Jae Uk An. A quienes como usuarios del mecanismo de defraudación y cómplices del delito por el que fueron condenados, se les impuso la pena de 3 años con 4 meses de prisión conmutables.
Según Julio Rivera Clavería, analista en seguridad, quedó a la vista las deficiencias en materia de seguridad, ya que la SAT ha sufrido este tipo de mafias por lo que deberían de invertir en tecnología y reforzar los procedimientos de control interno, ya que este caso nació de una investigación interna y luego fue trasladada al MP y se convirtió en un caso mediático, agrega.
Clavería señala también que evitar este tipo de casos, le compete a la intendencia de aduanas.
El caso “la línea” tuvo un gran impacto en el país pero también hizo eco a nivel internacional; muchos fueron los países que hablaron sobre ello. Este fue un caso que hizo ver mal a Guatemala por muchas razones, es un secreto a voces que en todos los países existen estructuras que defrauden al estado, pero que en esa estructura se involucre un binomio presidencial, es algo que trasciende.
Bryan Santizo
Comments